TELEFóNICA AFRONTA PLEITOS FISCALES EN BRASIL POR MáS DE 13.800 MILLONES
El grupo Telefónica ha reconocido un riesgo latente en Brasil, debido a contingencias tributarias, por valor de 13.851 millones de euros, según los datos del cierre del año pasado. En concreto, la compañía de telecomunicaciones convive con unas incertidumbres fiscales, correspondientes al Impuesto de Sociedades, por un importe de 5.678 millones de euros. A lo anterior se suman otras amenazas fiscales relacionadas con el ICMS (impuesto indirecto brasileño que grava los servicios de telecomunicaciones, similar al IVA español), valoradas en 6.909 millones de euros, así como varios procedimientos regulatorios por cuantía de 1.264 millones de euros.
En 2022, las contingencias tributarias de Telefónica en Brasil ascendían a 12.405 millones de euros, un 11% menos (1.446 millones de euros) que doce meses después. En concreto, los pleitos por el impuesto de sociedades a finales de 2022 alcanzaban los 5.346 millones de euros, mientras que los del ICMS se cifraban en 6.009 millones de euros y los considerados otros pleitos administrativos rondaban los 1.050 millones de euros. Por último, los mismos riesgos fiscales de Telefónica en Brasil en 2021 rondaban los 9.000 millones de euros, casi un 54% menos que los correspondientes a finales de 2023.
En el caso del ICMS, Telefónica explicó en sus informes contables anuales de 2022 que faltaba por esclarecer el cobro del valor añadido sobre "las penalizaciones de incumplimiento de los clientes, servicios de publicidad por Internet, así como los relacionados con los servicios complementarios o accesorios al servicio de telecomunicaciones básico tales como servicios de valor añadido o alquiler de módems, y la aplicación de este impuesto sobre la cuota básica", según detalló la propia teleco.
En la memoria consolidada de 2022, Telefónica ya explicaba sobre el tributo ICMS que "existe una discusión con la Hacienda Pública brasileña en relación con los servicios que deben ser objeto de liquidación de dicho tributo". En cualquier caso, "todos los procesos relacionados con estos asuntos están siendo impugnados en todas las instancias administrativas y judiciales.
Ante esas y otras contingencias fiscales, que se acumulan de un año para otro, el grupo ha provisionado a finales del año pasado un total de 844 millones de euros, de los que 515 millones de euros corresponden a riesgos tributarios y otros 329 millones en reservas por contingencias regulatorias.
Fuentes del sector aseguran que el mercado brasileño de las telecomunicaciones se caracteriza por su alto nivel de litigiosidad, pero sin que eso se traduzca en un alto número de sanciones. Todo lo contrario, fuentes del sector aseguran a este periódico que, en la mayoría de los casos, las empresas suelen ganar los contenciosos al fisco brasileño.
En el mismo documento público, el operador de telecomunicaciones realiza estimaciones de las obligaciones fiscales que considera razonables. No obstante, también reconoce que "puede darse el caso de discrepancia por parte de alguna autoridad lo que daría lugar a una responsabilidad fiscal adicional, incluyendo intereses y sanciones". En este sentido, y como es preceptivo en el análisis sobre transparencia de riesgos que periódicamente afrontan todas las empresas cotizadas, el grupo español asume que "no puede haber garantías de que cualquier pago relacionado con tales contingencias o que exceda nuestras estimaciones no tenga un efecto adverso importante en los negocios del Grupo, los resultados, la situación financiera y/o los flujos de caja".
De hecho, tanto Telefónica como las sociedades del mismo grupo advierten de que "operan en sectores altamente regulados y son parte y pueden ser parte en el futuro en litigios, reclamaciones de carácter fiscal, de competencia y otros procedimientos judiciales en el curso ordinario de sus negocios cuyo resultado es impredecible". Por otra parte, el Grupo Telefónica está llamado a responder a litigios en Perú relativos a determinados impuestos sobre la renta de ejercicios anteriores.
Ante esas obligaciones, la teleco ya ha recibido resoluciones judiciales desfavorables que resuelven los procesos contencioso-administrativos. Por lo tanto, esa contingencia requerirá el pago de los impuestos correspondientes a ejercicios anteriores. "Al finalizar los trámites pertinentes, la Administración Tributaria, mediante un acto administrativo, determinará el importe de la obligación de pago". No obstante, Telefónica recuerda que el impacto estimado de las citadas resoluciones judiciales ya está provisionado en los estados financieros de Telefónica, siendo la provisión total a 31 de diciembre de 2023 de 3.117 millones de soles peruanos (aproximadamente 761 millones de euros a dicha fecha).
Tres procedimientos por resolver
Telefónica mantiene tres grandes procedimientos judiciales o arbitrajes en curso, dos de ellos localizados en Latinoamérica y el tercero en el Reino Unido. El primero de ellos corresponde a la demanda de Telefónica contra el operador Millicom, por incumplimiento en la venta de Telefónica de Costa Rica. En ese caso, un tribunal de Nueva York ha dado la razón al grupo español y, hasta el momento, Millicom ha anunciado que apelará la resolución relacionada por la cancelación unilateral de la operación.
También está abierto el Arbitraje CIADI de Telefónica contra la República del Perú, si bien Telefónica ha presentado su escrito de réplica con fecha del pasado 29 de marzo de 2024. Por último, sigue en tela de juicio la reclamación ante Tribunal Superior del Reino Unido presentada por Phones 4 U Limited contra varios operadores de redes móviles, Telefónica entre ellos. En ese caso, la Corte de Apelación otorgó el permiso solicitado por P4U para apelar el pasado el pasado 26 de marzo de 2024.
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