VALENCIA, GALICIA Y MURCIA YA SUFREN TENSIONES FINANCIERAS POR LAS ENTREGAS A CUENTA

Mientras todos los focos políticos están centrados de nuevo en las elecciones de Cataluña, los máximos responsables de Hacienda de tres comunidades autónomas -Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia- han dejado claro que sus Gobiernos ya están sufriendo tensiones de tesorería ante el recorte en los ingresos mensuales que reciben del Estado a través de las entregas a cuenta por la prórroga de los presupuestos de 2023.

Esas tres autonomías gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha, con un Ejecutivo socialista, coincidieron en insistir en la necesidad urgente de la reforma del sistema de financiación autonómica que lleva diez años caducado y que consideran que merma la igualdad en los servicios públicos que pueden ofrecer las distintas administraciones. Los responsables de las arcas regionales se reunieron con motivo de las XI Jornadas de la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE), que se celebra en Valencia en colaboración con el Ivie.

En el caso de las entregas a cuenta, la consellera valenciana de Hacienda, Ruth Merino, cuantificó en 90 millones de euros al mes los que deja de recibir la Generalitat Valenciana por la no actualización para este año, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez renunciase a aprobar unos nuevos presupuestos, como tenía previsto inicialmente. "Si cada mes en la Comunidad Valenciana por no actualizar las entregas a cuenta se dejan de percibir cerca de 90 millones de euros y, además, tenemos ese déficit crónico por la financiación, evidentemente se producen tensiones", declaró Merino.

La responsable de Hacienda valenciana aseguró que, de momento, estas tensiones no afectan a los pagos, pero "podría llegar a pasar" y reconoció que "estamos pagando muy ajustados". Merino insistió en que la solución depende del Gobierno y recordó que desde el Ministerio sigue sin comunicarse la solución para esos menores ingresos.

Más costes en intereses

Un problema común a las CCAA del régimen común, es decir, todas menos País Vasco y Navarra. En el otro extremo geográfico, el conselleiro gallego de Hacienda, Miguel Corgos, también cifró los efectos de esos menores ingresos por las entregas a cuenta para hacer frente al gasto público autonómico, que incluye los servicios básicos de Sanidad y Educación. "Estamos teniendo un déficit social de unos 60 millones de euros al mes", explicó. Una situación que en su caso ya ha obligado a "tirar" de líneas de crédito para para hacer frente a los pagos con un coste financiero de 6 millones de intereses en el primer semestre.

"Es un coste que estamos teniendo que soportar de forma gratuita, porque esto se podía haber actualizado por un decreto en el mes de enero. No entendemos por qué no se ha hecho, igual que con las retribuciones de los funcionarios", criticó el conselleiro.

Desde Murcia, se compartió esa visión. "Claro que esto nos está generando importantes tensiones de tesorería", comentó su consejero, Luis Alberto Marín. "Los ciudadanos de la región de Murcia no se merecen que puedan tener dificultad para acceder a los servicios públicos y las empresas que trabajan para el gobierno de la Región de Murcia tampoco se merecen que tengan que soportar situaciones que no son provocadas por el Gobierno regional", añadió tras asegurar que "tenemos el deshonroso honor de haber adelantado la Comunidad Valenciana como la autonomía peor financiada de España".

El responsable de las arcas autonómicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, fue el único que aseguró que esta situación no está afectando a la tesorería en su caso, aunque reconoció que si se prolonga se tendrán que plantear recurrir al crédito para "esos baches" puntuales. "Confío que desde el Ministerio se adopten las medidas como ya se adoptó en otros circunstancias (en referencia a la época de Montoro) para hacer efectivas las entregas a cuenta que se nos comunicaron y en base a las que hicimos los presupuestos de este año. No tengo prisa", señaló.

Puntos en común

La participación de los cuatro responsables autonómicos de distinto signo político también sirvió para dejar claro las reivindicaciones comunes en financiación autonómica. Las tres regiones claramente infrafinanciadas según todos los estudios, la valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha, sumaron a Galicia en la necesidad de plantear una solución temporal, como un fondo transitorio para compensar la infrafinanciación en el caso de estas administraciones como el de "nivelación" que propuso Fedea de 3.000 millones de euros al año.

"Desde Galicia entendemos que no es justificable que existan estas diferencias en financiación por habitante ajustado entre las diferentes comunidades autónomas y eso hay que remediarlo", señaló el conselleiro Congos, aunque también dejó claro que "lo realmente urgente es la reforma y que se presente ya una propuesta de modelo de financiación, se tarda al mismo tiempo en hacer una cosa que la otra".

Otro de los temas que genera polémica es la posible quita, condonación o reestructuración de la deuda de esas CCAA peor financiadas, que se atribuye precisamente a ese menor nivel de fondos respecto al resto en las últimas décadas. En el foro ha habido unanimidad "en que todas las comunidades autónomas deben salir al mercado, es una situación anormal la que estamos viviendo hoy en día y se deben arbitrar los los medios para que todas las comunidades terminen saliendo", señaló el responsable de la Xunta de Galicia.

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