MAL COMIENZO EN PORTUGAL

El Gobierno portugués de Luís Montenegro no ha empezado con buen pie. El viernes pasado, el primer ministro anunció durante su intervención en la Asamblea de la República una rebaja fiscal de 1.500 millones de euros en el IRPF. La presentó como su principal medida de cambio y ha resultado no serlo tanto. En ese pleno inaugural, el Ejecutivo desplegó un programa de legislatura que, pese a estar en minoría, se sabía que superaría el trámite ya que el Partido Socialista había anunciado que no sería un estorbo para que el nuevo gabinete —sostenido por una alianza entre el Partido Social Demócrata (PSD, centroderecha) y el Centro Democrático Social-Partido Popular (CDS-PP, conservadores)— comenzase a trabajar.

Todos los grupos de la derecha —que ahora disponen de una holgada mayoría en la Cámara con la suma de la coalición ganadora, la ultraderecha y los liberales— rechazaron las mociones en contra presentadas por dos partidos minoritarios de la izquierda, que consideran que el giro del nuevo Gobierno beneficiará solo a unos pocos. Entre las medidas con mayor impacto figuran las destinadas a la política de vivienda, uno de los grandes problemas de la sociedad portuguesa. Montenegro ha anulado las principales reformas impulsadas por su antecesor —el socialista António Costa— para frenar el impacto de los pisos turísticos en los alquileres, que incluían el veto a nuevas licencias, una tasa extraordinaria y más poder a las comunidades de vecinos para bloquear dicha actividad. El poco tiempo que han estado en vigor no permitirá analizar su alcance, pero eliminarlas supone retomar un modelo que entrega los centros urbanos a los turistas y expulsa a los vecinos.

Lo más aplaudido del nuevo Ejecutivo fue, sin duda, su voluntad de resolver las reivindicaciones salariales de profesores, policías y sanitarios, en pie de guerra contra Costa por sus reticencias a atender sus demandas alegando el impacto sobre la economía. En 2023 su Gobierno consiguió el mayor excedente presupuestario de la democracia y bajó del 100% la deuda pública. Montenegro aprovechará ahora las saneadas arcas que le dejan los socialistas para atender las peticiones de los empleados públicos.

Pero el resbalón del nuevo primer ministro vino con lo que presentó como su gran propuesta de cambio. Montenegro prometió en campaña un “choque fiscal” para rebajar impuestos. De ahí la expectativa en el Parlamento, cuando anunció el citado recorte de 1.500 millones de euros en el IRPF (IRS en Portugal) para este año. Lo que no aclaró es que el 88% de la rebaja ya estaba en vigor y figuraba en los Presupuestos del Estado, aprobados por el anterior Gobierno. Ocultar un dato de tal relevancia le ha valido recriminaciones de toda la oposición, a derecha e izquierda, y de la prensa, que se ha sentido engañada. No es buen estreno para un Ejecutivo que, pese a su debilidad parlamentaria, contaba con la lealtad de sus predecesores.

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